La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) ha suspendido registros y limitado la participación como proveedores del Estado a 672 funcionarios públicos y electos, tras detectar incompatibilidades con las normas de contratación pública.
La medida busca evitar conflictos de interés y garantizar que servidores públicos no utilicen sus posiciones para participar en procesos de compras y contrataciones del Estado. La decisión se fundamenta en las disposiciones de la nueva Ley 47-25 de Contrataciones Públicas, que establece controles más estrictos para proteger la transparencia.
El director de la DGCP, Carlos Pimentel, explicó que estas acciones forman parte de los mecanismos preventivos aplicados por la institución para asegurar el cumplimiento de la normativa vigente.
La Ley 47-25 amplió además los períodos de control sobre funcionarios y exfuncionarios, fortaleciendo las restricciones relacionadas con posibles conflictos de interés en los procesos de compras públicas.
Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas / Proceso
Redacción: ClaveDigitalRD
