Editorial de Clave Digital
Por Aquiles Jiménez, director
Desde Clave Digital respaldamos todo instrumento que permita perseguir con mayor firmeza el crimen organizado, la corrupción, el abuso sexual, la violencia intrafamiliar, el chantaje, la extorsión, el sicariato y los delitos tecnológicos.
Lo apoyamos, sobre todo, porque en este país se había vuelto demasiado fácil destruir reputaciones, extorsionar empresarios, chantajear funcionarios, fabricar expedientes mediáticos y utilizar una cuenta de redes sociales como tribunal, fiscalía y paredón.
La libertad de expresión es un derecho constitucional. La extorsión disfrazada de periodismo no lo es.
Investigar no es chantajear.
Denunciar no es exigir dinero para guardar silencio.
Criticar a un funcionario no es inventarle delitos.
Y ser comunicador no concede una licencia para destruir honras impunemente.
Pero también debemos advertirlo con claridad: cualquier ambigüedad que permanezca en los artículos sobre difamación, injuria, difusión de audios o imágenes y expresiones públicas deberá ser vigilada cuidadosamente.
No permitiremos que el nuevo Código sea convertido en una ley mordaza para proteger funcionarios sensibles, empresarios intocables o políticos incapaces de responder cuestionamientos.
La honra debe protegerse, pero el poder debe soportar el escrutinio.
Una cosa es difamar mediante la imputación deliberada de hechos falsos. Otra muy distinta es cuestionar, investigar, opinar o revelar actuaciones que comprometan el interés público.
El funcionario que administra recursos del pueblo no puede pretender la misma privacidad que un ciudadano común respecto de sus actuaciones públicas. Quien cobra del Estado, contrata con el Estado o toma decisiones desde el Estado tiene la obligación de rendir cuentas.
El verdadero desafío comienza ahora.
Porque una legislación moderna aplicada por instituciones débiles puede terminar siendo tan inútil como el viejo Código.
Necesitamos fiscales preparados, jueces independientes, policías profesionales, peritos tecnológicos, defensores capacitados y ciudadanos informados. Sin esas condiciones, los nuevos artículos solo serán tinta elegante sobre papel oficial.
También será necesario impedir que el Código se aplique selectivamente.
Que no sea duro contra el pobre y flexible con el poderoso.
Que no persiga al comunicador incómodo mientras protege al extorsionador conectado.
Que no castigue al ciudadano común mientras negocia impunidad con funcionarios, políticos y empresarios.
La ley tiene que alcanzar al delincuente de barrio, pero también al delincuente de cuello blanco.
Al sicario y al que lo contrata.
Al funcionario que roba y al empresario que paga el soborno.
Al comunicador que chantajea y al poderoso que compra silencios.
Al que fabrica una mentira y al que utiliza el aparato del Estado para esconder la verdad.
La República Dominicana necesitaba un nuevo Código Penal.
Ya lo tiene.
Ahora corresponde aplicarlo con equilibrio, proporcionalidad y firmeza.
Desde Clave Digital seguiremos defendiendo la libertad de expresión, pero jamás confundiremos libertad con impunidad.
Continuaremos denunciando la corrupción, fiscalizando el poder y revelando todo aquello que afecte el interés nacional.
Sin chantajes.
Sin vacas sagradas.
Sin funcionarios intocables.
Sin comunicadores por encima de la ley.
El Código está promulgado. Las reglas están escritas.
Ahora que se cumplan.
Caiga quien caiga.
Aquiles Jiménez
Director
Clave Digital